En una reciente decisión, el Pleno del Consell ha aprobado una modificación clave en el Decreto 80/2023, con fecha del 26 de mayo, que establece las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda en la Comunidad Valenciana.
La modificación amplía el plazo de entrada en vigor, originalmente programado para el 2 de diciembre de 2023, ahora extendido hasta el 2 de febrero de 2025.
Esta medida tiene como objetivo permitir que los sectores afectados realicen las adaptaciones necesarias para cumplir con las nuevas normativas.
Contexto y Razones para la Ampliación: El Decreto, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 2 de junio de 2023, inicialmente estipulaba un periodo de seis meses para su implementación. Sin embargo, considerando las circunstancias actuales que dificultan las adaptaciones requeridas, el Pleno del Consell, decidió el pasado 10 de octubre, iniciar el trámite de urgencia para modificar el plazo de entrada en vigor.
Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha subrayado la importancia de proporcionar un tiempo adicional a los profesionales afectados para llevar a cabo las adaptaciones necesarias. Esta extensión también brinda a la Administración la flexibilidad necesaria para adoptar medidas correctivas o realizar modificaciones según sea necesario.
Consideraciones Específicas: La decisión de ampliar el plazo se ha basado en la amplitud de las nuevas obligaciones constructivas y su impacto en los proyectos de edificación de vivienda, tanto públicos como privados. El contexto económico actual, con una inflación anual del 5,8 % y tendencias alcistas, ha contribuido a la decisión, considerando las dificultades coyunturales del sector debido al aumento de los precios de construcción.
Esta medida refleja el compromiso del Consell en materia de vivienda, calidad e innovación en la edificación. Asimismo la medida busca abordar una adecuación necesaria de la legislación existente, compuesta por más de 30 normativas, para responder al contexto socioeconómico actual. El objetivo es garantizar la puesta en marcha de viviendas de protección pública (VPP) que satisfagan la demanda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Este ajuste en el plazo refleja la sensibilidad de la Generalitat hacia las necesidades del sector, buscando un equilibrio entre las nuevas normativas y la realidad económica actual.
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